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Desarrollo territorial: qué es y por qué importa para el crecimiento del país

El desarrollo territorial se refiere al proceso mediante el cual un territorio —una provincia, municipio o región— mejora sus condiciones económicas, sociales y ambientales a partir de la acción conjunta de gobiernos, empresas, comunidades y sociedad civil. En términos sencillos, significa lograr que el crecimiento económico y las oportunidades no se concentren solo en la capital, sino que lleguen también a las regiones del interior, de forma equilibrada y sostenible.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), este enfoque considera la interacción entre factores geográficos, económicos, tecnológicos, culturales y de políticas públicas para reducir brechas entre territorios y promover un desarrollo más equitativo (cepal.org).

¿Por qué el desarrollo territorial es relevante?

El desarrollo territorial impacta directamente la vida de las personas, la economía nacional y el uso sostenible del medio ambiente. Cuando las oportunidades se concentran en pocas ciudades, aumentan las desigualdades, la migración interna y la presión sobre los servicios urbanos.

Desde una perspectiva económica, este enfoque permite que las regiones interiores:

  • Generen empleo local.
  • Dinamicen cadenas productivas.
  • Aumenten la inversión privada.
  • Fortalezcan capacidades técnicas y productivas propias.

La CEPAL destaca que las empresas desempeñan un rol clave en este proceso, ya que su localización, inversión y vínculos con el entorno pueden acelerar o frenar el desarrollo de los territorios (cepal.org).

Panorama territorial en República Dominicana

Urbanización y desigualdades regionales

El informe “Habilitar el camino para el desarrollo de ciudades y territorios prósperos”, elaborado por el Banco Mundial con apoyo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), señala que la República Dominicana ha experimentado un crecimiento urbano significativo, pero acompañado de desigualdades territoriales persistentes.

Entre los principales retos identificados se encuentran:

  • Falta de infraestructura adecuada y servicios básicos en territorios no centrales.
  • Débil gestión urbana en municipios fuera del Gran Santo Domingo.
  • Necesidad de fortalecer la planificación territorial y las capacidades locales para atraer inversión y mejorar la calidad de vida (MIDEPLAN).

Este contexto permite entender cómo la actividad empresarial puede generar impactos positivos o negativos, según su nivel de integración con el entorno local.

Empresas como motores de desarrollo territorial

Zonas francas: un ejemplo concreto

Las zonas francas representan uno de los casos más claros de impacto empresarial fuera de la capital:

  • Están presentes en 28 de las 32 provincias del país, lo que evidencia una amplia distribución territorial.
  • Generan más de 197,600 empleos directos.
  • Registran exportaciones superiores a US$8,100 millones anuales (www2.itif.org).

Históricamente, estas zonas fueron creadas para impulsar el desarrollo industrial y el empleo en distintas regiones, mediante incentivos fiscales que atrajeran inversión. Su impacto se extiende más allá del empleo directo, generando efectos multiplicadores en comercio, servicios e infraestructura local.

Encadenamientos productivos: clave para un impacto más inclusivo

Uno de los principales desafíos identificados por el Banco Mundial es fortalecer los encadenamientos productivos locales, es decir, la integración de proveedores nacionales y pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en las cadenas de valor de grandes compañías, especialmente en zonas francas.

Según estos análisis, una mayor participación de proveedores locales permite:

  • Dinamizar economías regionales.
  • Transferir tecnología y conocimientos.
  • Elevar la productividad y competitividad de empresas nacionales.

Sin estos vínculos, el impacto territorial de la inversión empresarial tiende a ser limitado.

Sectores con alto impacto territorial

Minería y grandes proyectos

Los grandes proyectos extractivos también generan efectos territoriales significativos. Un ejemplo es el Proyecto Pueblo Viejo, ubicado en la provincia Sánchez Ramírez, a unos 100 kilómetros de Santo Domingo.

Según información disponible, esta operación minera podría generar alrededor de 2,500 empleos indirectos, estimulando la demanda de bienes y servicios locales (Wikipedia). No obstante, estos proyectos requieren un marco riguroso de regulación ambiental y responsabilidad social, para asegurar que el desarrollo económico no se produzca a costa del entorno natural o las comunidades.

El rol de las políticas públicas

El estudio del Banco Mundial y el MEPyD subraya que el impacto empresarial en los territorios depende en gran medida de políticas públicas adecuadas, entre ellas:

  • Ordenamiento y planificación territorial.
  • Incentivos para inversiones descentralizadas.
  • Fortalecimiento de los gobiernos locales.
  • Mejora de infraestructura básica y logística en regiones interiores (MIDEPLAN).

Esto implica que el desarrollo territorial no es solo resultado de la inversión privada, sino de una articulación efectiva entre empresas y Estado.

Una mirada regional: el enfoque de la CEPAL

A nivel regional, la CEPAL advierte que las desigualdades territoriales son un rasgo estructural en América Latina y el Caribe. Según sus análisis, las empresas pueden actuar como agentes que refuercen estas brechas o como motores de integración territorial, dependiendo del diseño de las políticas productivas y territoriales (cepal.org).

Entre sus recomendaciones se destacan:

  • Promover encadenamientos productivos locales.
  • Invertir en infraestructura que conecte regiones con mercados.
  • Garantizar acceso equitativo a servicios básicos como agua, energía y conectividad.

El desarrollo territorial es clave para lograr un crecimiento económico más equilibrado e inclusivo. En la República Dominicana, experiencias como las zonas francas muestran que es posible generar empleo y actividad productiva más allá de la capital, mientras que sectores como la minería evidencian la necesidad de marcos regulatorios sólidos.

Fortalecer encadenamientos productivos, mejorar la planificación territorial y articular políticas públicas con la inversión privada son acciones fundamentales para que el impacto empresarial se traduzca en mejores condiciones de vida, reducción de desigualdades y desarrollo sostenible en todo el territorio nacional.



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