Sostenibilidad como política de Estado, no como proyecto de gobierno
Hablar de sostenibilidad como política de Estado significa asumir que el desarrollo económico, social y ambiental de un país no puede depender de la duración de un gobierno ni de prioridades coyunturales. Implica compromisos de largo plazo, instituciones estables y marcos legales que trasciendan administraciones, garantizando continuidad en las decisiones públicas que afectan a generaciones presentes y futuras.
¿Qué significa que la sostenibilidad sea una política de Estado?
En términos sencillos, una política de Estado es aquella que se mantiene en el tiempo, independientemente de quién gobierne. No es un programa temporal ni una iniciativa aislada, sino un compromiso estructural del país.
Aplicado a la sostenibilidad, esto implica que:
- Las decisiones económicas consideren impactos sociales y ambientales.
- Las políticas públicas se diseñen con visión de largo plazo.
- Los objetivos de desarrollo se mantengan estables más allá de cambios políticos.
Este enfoque evita que la sostenibilidad sea tratada como un “proyecto de gobierno” sujeto a modificaciones o interrupciones cada cuatro años.
La Agenda 2030: un mandato internacional de carácter estatal
Un compromiso que trasciende gobiernos
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, fue adoptada por 193 Estados miembros, incluida la República Dominicana. Su objetivo es transformar los modelos de desarrollo mediante un enfoque integrado que combine crecimiento económico, inclusión social y protección ambiental.
Según Naciones Unidas, la Agenda 2030 establece que los países deben incorporar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en sus planes nacionales, presupuestos y marcos institucionales, con una visión de largo plazo que va más allá de los períodos gubernamentales. “La Agenda 2030 es un compromiso global que requiere apropiación nacional y continuidad institucional” (sdgs.un.org).
Esto convierte a la sostenibilidad en un mandato de Estado, no en una iniciativa opcional de cada administración.
República Dominicana: sostenibilidad institucionalizada
La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030
En el caso dominicano, la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, promulgada en 2012, constituye el principal marco de planificación de largo plazo del país. Este instrumento incorpora explícitamente los principios de sostenibilidad económica, social y ambiental y orienta las políticas públicas hasta el año 2030.
Según la CEPAL, la END 2030 funciona como una política de Estado, ya que articula objetivos nacionales con una visión estructurada de futuro, independientemente de los cambios de gobierno (cepal.org).
Decretos que aseguran continuidad institucional
Mediante el Decreto No. 23-16, el Poder Ejecutivo creó la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible, con el mandato de coordinar la implementación de la Agenda 2030 en coherencia con la END 2030. Esta comisión tiene funciones de coordinación intersectorial y adaptación del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.
Posteriormente, el Decreto No. 26-17 amplió su alcance y composición, incorporando nuevas instituciones para reforzar la implementación sostenida de los ODS. Ambos decretos refuerzan la idea de una estructura permanente, diseñada para operar hasta 2030, más allá de gobiernos específicos.
Evidencia de continuidad: seguimiento y rendición de cuentas
Informes Nacionales Voluntarios
La República Dominicana ha presentado Informes Nacionales Voluntarios (VNR) ante el Foro Político de Alto Nivel de la ONU, como los de 2018 y 2021, donde se evalúa el avance en los ODS, se identifican brechas y se formulan compromisos de mediano y largo plazo.
De acuerdo con el portal oficial ods.gob.do, estos informes reflejan que la Agenda 2030 está integrada en la planificación nacional y cuenta con mecanismos de monitoreo periódicos, lo que confirma su carácter de política pública permanente y no temporal.
Transversalización en el Estado
La Comisión ODS también ha impulsado procesos de transversalización, integrando la sostenibilidad en sectores económicos, sociales y ambientales. Este enfoque intersectorial es una característica clave de las políticas de Estado, ya que evita la fragmentación y garantiza coherencia en la acción pública.
Perspectiva internacional: sostenibilidad y políticas de largo plazo
Organismos como la CEPAL y la OCDE coinciden en que el desarrollo sostenible solo es viable si se integra en marcos institucionales estables y coherentes. La OCDE, a través del enfoque de Policy Coherence for Sustainable Development, enfatiza que la sostenibilidad debe estar incorporada en leyes, planes, regulaciones y presupuestos nacionales, no limitada a programas aislados o temporales.
Asimismo, la Agenda 2030 establece que los ODS deben formar parte de los instrumentos nacionales de planificación, precisamente para asegurar continuidad y coherencia más allá de los ciclos políticos (sdgs.un.org).
La evidencia institucional demuestra que, en República Dominicana, la sostenibilidad no es un proyecto de gobierno, sino una política de Estado en construcción y consolidación. Su anclaje en la Ley 1-12, los decretos que institucionalizan la Agenda 2030, la existencia de una comisión interinstitucional permanente y los mecanismos de rendición de cuentas ante la ONU refuerzan esta visión.
Mantener la sostenibilidad como política de Estado implica:
- Respetar los marcos legales y estratégicos de largo plazo.
- Fortalecer la institucionalidad y la coordinación intersectorial.
- Garantizar continuidad en las políticas públicas, independientemente del gobierno de turno.
- Evaluar y ajustar las estrategias sin perder la visión de futuro.
Solo así el desarrollo sostenible puede convertirse en una ruta estable de progreso, capaz de mejorar la calidad de vida de la población sin comprometer los recursos de las próximas generaciones.
